La paralización de la economía por la COVID-19 ha provocado que muchas familias y hogares, ya antes en situación de vulnerabilidad, hayan visto desaparecer sus ingresos o se encuentren a la espera de ayudas económicas. También, muchas personas que no estaban en esa situación han perdido sus empleos y se han visto empujadas, por primera  vez, a solicitar ayuda a entidades como el Banco de Alimentos, Cruz Roja y asociaciones locales.

El incremento de la pobreza en nuestro país y las dificultades a las que se están enfrentando en muchos casos familias monomarentales, está poniendo en peligro algo tan básico como la adquisición de comida, lo que se refleja en el incremento del 30 % de las entregas que están realizando estas entidades. Se calcula que si en 2019, atendieron a 1,1 millones de peticiones, la cifra se podría disparar hasta 1,7 millones.

Siguiendo nuestro lema de “dejar el mundo mejor de lo que lo hemos encontrado”, muchas veces las Organizaciones Federadas y los Grupos Scouts han colaborado en campañas de recolección para los bancos de alimentos. En este momento no iba a ser menos y ya hay muchos grupos y OOFF que se han puesto en marcha, como Scouts de Aragón con la campaña “Cada kilo suma”. En ella, una docena de sus grupos se propusieron recaudar en un solo día 10 toneladas de alimentos a través de donaciones del vecindario y colocando cajas en espacios como empresas, comercios, asociaciones… para que más gente pudiese colaborar. Sus locales fueron los puntos de recogida y participaron 100 personas voluntarias scouts que lograron superar su objetivo:  alcanzaron las 14 toneladas de productos destinados al Banco de Alimentos y Cruz Roja de Zaragoza, que alimentarán a 120 personas durante un año entero. Tal y como explicaban en unos de sus videos, “es realmente emocionante lo que podemos lograr trabajando todos hacia un mismo objetivo”.

Anima a tu Grupo Scout o a tu OF a organizar una recogida de alimentos o sumarse a las actividades que se estén realizando en tu zona

La desigualdad, un problema estructural 

El crecimiento de la desigualdad en España ya era un problema antes de esta pandemia. Según el último informe AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social publicado en 2019 (con datos de 2018), el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de la infantil, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% era ya en 2018, más del doble de la que presentaba la media de la UE, y sobrepasaba el 30% para los menores de 25 años. De hecho, la encuesta de Condiciones de Vida del INE 2018 mostraba ya la “juvenilización” de la pobreza, donde la tasa de riesgo de pobreza de la población entre los 16 y los 29, refleja que la juventud es el segundo grupo más vulnerable a la pobreza.

Esta situación la expuso también el Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, tras su visita a finales de enero a nuestro país, quien concluyó en su declaración que “siendo un país rico, España vive en la pobreza generalizada”. El experto en derechos humanos añadía que «la recuperación después de la recesión ha dejado a muchas personas atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron».

En el contexto actual y con la crisis del COVID-19, la situación se complica todavía más. Desde la Unión Europea, ya advertían el pasado mes de mayo en su informe específico de recomendaciones para España emitido por la Comisión Europea (en el marco de la publicación de sus directrices anuales para todos los estados miembros y centrado este año en el impacto del coronavirus) que nuestro país sufrirá un aumento de los altos niveles de pobreza y de exclusión social, especialmente entre las familias con menores a cargo. Además, indicaba que las consecuencias de la pandemia en España se agravarán por el alto nivel de desempleo en las PYME, el elevado porcentaje de contrato temporales (26,3% en 2019) y el impacto en sectores como el turismo y la venta al por menor. Así, el informe insta a proteger los ingresos de los hogares, reforzando la protección por desempleo de las personas trabajadoras temporales y autónomas, y mejorando tanto las ayudas a las familias, también monomarentales, como los esquemas de ingresos mínimos.

Para combatir los efectos adversos de esta nueva crisis en la infancia, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España está trabajando activamente junto con la Plataforma del Tercer Sector, de la que formamos parte, otras entidades y comunidad de expertos, en analizar la situación actual y los retos de futuro a los que se va a enfrentar la infancia vulnerable por la crisis de la COVID-19, tanto a corto como a medio y largo plazo.

Grupos Scouts que ya están colaborando en recogidas